Publicación Pedida por el Partido Obrero de Chacabuco

Edad de imputabilidad: el reforzamiento represivo de un gobierno en crisis
10/1/19- El gobierno nacional ha vuelto a la carga contra los menores, en el marco de un reforzamiento represivo contra la protesta popular (protocolo de gatillo fácil, pistolas Taser y plan de apoyo a los Chocobares que pueblan las fuerzas represivas) y ante la necesidad de distraer a la población de la inflación que no amaina y los despidos que no frenan.

El proyecto de ley que el oficialismo presentaría en febrero en el Congreso establece la baja de la edad de imputabilidad a los 15 años, y permite enviar a la cárcel a menores de entre 16 y 18 años si el delito cometido contempla una condena de diez o más años. Fue anunciado junto con una nueva asonada contra los migrantes (“el gobierno tiene una lista de mil extranjeros que podrían ser deportados”, anuncia Clarín en tapa 7/1), cuya incidencia en el delito es –al igual que la de los menores– ínfima. La juventud y los extranjeros se han convertido en chivos expiatorios de un gobierno en crisis.

El gobierno presenta su proyecto como un avance en las garantías procesales de los jóvenes, omitiendo la infinita cantidad de detenidos que están en cárceles sin condena firme. El kirchnerismo, que en sus primeros años incorporó al Código Penal todas las demandas punitivistas del (falso) ingeniero Blumberg, había recurrido a estos mismos argumentos disfrazados de ´garantismo´ para promover en 2009 una ley en el mismo sentido.

El otro edulcorante de la norma es que vendría con un programa de asistencia multidisciplinaria para los menores de 15 que cometieran delitos “para acompañar a los niños y evitar que desarrollen una carrera delictiva”. Parece una broma pesada por parte de quienes llevaron la pobreza de niños y adolescentes del país a más del 50%, cierran las escuelas nocturnas para jóvenes trabajadores y despiden y precarizan trabajadoras del área de Niñez y Adolescencia en suelo porteño y bonaerense.

Muy por el contrario, la norma refuerza el poder de coerción de las fuerzas federales, que podrán coronar con encarcelamientos la sistemática persecución contra los jóvenes (en particular en los barrios populares), y presionarlos con más recursos para que se integren a las múltiples actividades delictivas que llevan adelante los uniformados –una práctica sistemática, como reveló el caso de Luciano Arruga, víctima de los vigilantes por negarse a robar para ellos.

La iniciativa del gobierno es en verdad el relanzamiento de un proyecto que se encontraba planchado desde 2017, por lo que los analistas la han enmarcado en la campaña para los comicios de este año. Varios de los defensores de la baja de la edad de imputabilidad, como el massismo –que presentó su proyecto en 2016– y Daniel Scioli, protestaron por el “electoralismo” de la iniciativa.

Es, con todo, una visión limitada: el principal factor que mantuvo “planchado” el proyecto fue la enorme movilización popular contra la escalada represiva, desde el millón de personas en las calles en mayo contra el 2×1 a los genocidas a la conmovedora multitud que exigió justicia por Santiago Maldonado.

Hagamos pesar esta fuerza para derrotar el avance penal contra los menores, quebrar el plan represivo y oponer a los carceleros una salida política propia, que abra un camino de desarrollo para la juventud y la población trabajadora.