LEY DE ARRENDAMIENTOS: UN DEBATE QUE SOBREVUELA POR EL PARLAMENTO

Expresó el contratista Daniel Pelatti en diálogo con Mundocampo.com al consultarle su opinión sobre “Ley de arrendamientos”. Se realizó la misma entrevista a diferentes refentes del sector como al ingeniero agrónomo Ruben Dos Santos, el agente inmobiliario Diego Ivancevich.
3/1/11- Cambiar la ley de arrendamientos no será simple. La última salida del Parlamento argentino fue la 13.246, sancionada el 8 de setiembre de 1948. El 6 de octubre de 1980 el decreto ley 22.298, sancionado por la última dictadura militar, derogó y modificó varios artículos de la antigua norma siendo hoy la legislación vigente. Desde la vuelta al funcionamiento democrático y republicano no se ha logrado sancionar una ley nueva. En 2008, cuando gobierno y campo estaban en pleno conflicto, se logró, en la Cámara de Diputados, un dictamen a favor del proyecto presentado por el diputado Eduardo Macaluse, aunque luego el trámite parlamentario se extinguió sin llegar al debate en el recinto. Mientras tanto, avanzado el siglo XXI, los involucrados siguen estableciendo convenios al desamparo de un marco jurídico actualizado que contemple los derechos e intereses de todos. MundoCampo entrevistó por este tema a tres protagonistas del quehacer agropecuario de la zona: el ingeniero agrónomo Ruben Dos Santos, el agente inmobiliario Diego Ivancevich y el prestador de servicios Daniel Pelatti.

El primer punto sobre el que consultamos fue el plazo que debería establecerse para los contratos. Ivancevich nos responde desde su experiencia: “en nuestra zona(San Antonio de Areco), donde la actividad es netamente agrícola, se hacen muchos contratos y creo que funcionan bien, aunque sería atractivo que se pudieran concretar contratos a mayor plazo ya que los actuales solo contemplan una cosecha. El plazo mínimo es el de una cosecha o, eventualmente, dos cuando se hace fina y gruesa en ese período. Sería interesante que se armaran contratos a dos o tres cosechas, pero la fluctuación de los precios de la producción y de los insumos hace inaplicable esta idea”. Desde su visión, Pelatti también está por contratos más largos: “si uno firma por cinco años, sabe que tiene tiempo como para invertir en el lote, emparejarlo, desmalezarlo, ponerlo apto para la agricultura y después tiene cuatro años más para trabajar tranquilo. O sea que, cuanto más largo es el plazo, es mejor para todos. La extensión de los contratos es algo con lo que también coincide el ingeniero Dos Santos: “es para darle un poco de certidumbre al productor porque por ahí, en un año, tiene una mala campaña y muchas veces queda expulsado del sistema. En este momento, quien alquila quiere tener el máximo de rentabilidad para tratar de salvarse en ese año de contrato y, consecuentemente, como el producto más rentable es la soja, se termina en el monocultivo. Los contratos más largos también servirían para garantizar la preservación del recurso tierra”.
En este asunto el rol del propietario es visto con una mirada crítica de parte de nuestros entrevistados contratistas. Pelatti asegura que “el propietario hoy está sentado en un banquito bastante cómodo, porque habemos muchos oferentes, todos queremos trabajar, hacer más hectáreas, buscar más rentabilidad, entonces el propietario está en un sitio privilegiado esperando por uno que esté dispuesto a pagar más”. Por su parte Dos Santos afirma que “en estos tiempos en que se habla mucho de la renta, hay una figura -que es el dueño de la tierra- que dentro del sistema es el que se está llevando la mayor parte de esa renta bruta; es quien se lleva la mayor parte de la facturación por hectárea y es el que pone menos riesgo. Después vienen los que realmente trabajan la tierra, que son los que ponen el capital de riesgo, y es a esos a quienes habría que preservar con la ley”.

También consultamos a estos actores del quehacer agropecuario sobre cuál sería el mecanismo indicado para fijar un precio de referencia. Veamos qué consideran nuestros entrevistados, comenzando por Ivancevich para quien “cada zona tiene sus valores según la calidad de la tierra y su producción. Es imposible fijarlo por ley”. Con este razonamiento también acuerda dos Santos: “dejarlo establecido es muy difícil porque los precios varían internacionalmente en cuestión de meses, los escenarios en ese sentido son muy cambiantes” en tanto, Daniel Pelatti desarrolla otra idea: “habría que partir de esta base: un campo bueno para soja se contrata sobre la base de mil kilos la hectárea y, con una tabla de ajuste según el rinde final, cuando termina la campaña, si la cosecha vino bien, el propietario cobra los quintales que faltan para llegar al promedio que se paga hoy. Esto es más justo, porque también puede pasar que la soja termine dando dos mil kilos, y si ya se pagaron dieciséis… A Los propietarios no les gusta esto porque dicen que en la cosecha tienen que andar controlando y pesando, pero habría que hacerlo porque así es más justo”.
Emparentado con este punto del precio de referencia hay un aspecto que aparece en uno de los actuales proyectos de ley, elaborado por el diputado nacional del socialismo entrerriano Lisandro Viale, quien sostiene “la obligatoriedad de pagar los arriendos en unidades de la misma producción que se realiza, para evitar la tendencia a cobrar arriendos solo en soja: si se siembra soja se paga en soja, si se produce leche se paga en leche”.

Otro aspecto en discusión, y sobre el que no hay demasiadas coincidencias cuando se habla de campos alquilados, es la participación de los grupos financieros volcados a la actividad agrícola que -a través de los pooles de siembra- toman grandes superficies. ¿Se debe limitar de alguna manera su accionar a través de una norma? En su parecer Ivancovich no está por la regulación: “se debe dejar libertad de contratación y que cada propietario de campo le arriende a quien quiera; fijarlo de otra manera sería atentar contra el derecho de disposición y propiedad”. Por su parte, y en una posición intermedia, Pelatti sostiene que “esto es muy discutible porque primero hay que implementarlo y después controlarlo; no le pondría un límite de hectáreas pero sí estoy seguro que acá hay que proteger al pequeño productor. Tal vez, con el que tiene tomadas cantidades muy grandes, como son los pooles, habría que usar otras escalas, diferentes a lo que pagan los productores chicos, podría ser un sistema parecido a lo que serían las retenciones segmentadas”. En tanto, el ingeniero dos Santos se define a favor de la regulación y lo argumenta: “en definitiva los pooles son tomadores de riesgo y el pequeño contratista también lo es, pero, el pequeño contratista está en una situación de indefensión frente a los pooles que no necesitan vivir de esto, o sea, dentro de los pooles hay grupos de inversores que traen plata de otro lado y tienen una escala totalmente distinta; son capitales golondrinas que tienen mejores condiciones financieras y menos presión impositiva que el productor chico. Eso le juega en contra al pequeño arrendatario, al que sale a arrendar una pocas hectáreas y lo pone en una situación de escala totalmente desfavorable que a veces hasta lo deja en riesgo de subsistencia”.
El tema del impacto de los grandes grupos o pooles en el actual sistema productivo es motivo de comentario permanente en el sector. Para equiparar el juego Pelatti cree que “se debería ayudar al productor chico con un respaldo financiero que sea blando, que se pueda sacar fácil; que con el contrato de un campo se pueda sacar crédito para insumos, para combustibles, para equipos. Hoy para sacar un crédito hay que respaldarlo con el campo, con la casa, con lo que se tenga, pero si el Estado confía en el productor, tiene que ayudarlo porque el productor argentino es noble y además es uno de los mejores productores del mundo”.

Visto está cómo ha cambiado el paisaje rural en nuestra zona a lo largo de las últimas décadas. Ya no se ven campos o chacras tan poblados sino que el éxodo de productores hacia la ciudad ha sido constante. Algunos proyectos de ley prevén otorgar ciertos beneficios a aquellos productores propietarios que deciden quedarse en su campo. Esos beneficios pasarían por ejemplo por lo impositivo. “Yo no se si pasa por lo impositivo o pasa por darle algunas mejoras en los servicios que puedan tener en el campo” razona Dos Santos y añade “pero tendría que propenderse a que el productor se arraigue y premiar al que esta arriesgando, al que esta innovando permanentemente” Pelatti coincide: “el propietario que se queda en el campo con algunos animales, con algún lote sembrado, tendría que tener un privilegio. No sé muy bien cómo, pero habría que buscarle la vuelta. Quizá desde lo impositivo, o con algún subsidio para la cría de animales… hay gente a la que le encanta quedarse en el campo y capaz que tiene cuarenta vacas y decide engordar las cuarenta crías pero resulta que no llega, entonces, tiene que ir vendiendo de a dos o tres terneros para ir pagando. A ese productor habría que darle una ayuda para que pueda engordar esos novillos, venderlos todos juntos, y ahí viene el recupero del préstamo. Algún beneficio debería tener aquel que decide quedarse a trabajar en el campo”. En tanto Ivancevich tiene otra postura: “no estoy de acuerdo con que el productor propietario reciba ventajas. Esto va en contra de los productores que no son propietarios y que también tienen una actividad digna y totalmente legal”.
En definitiva este asunto, del que hemos visto algunos puntos apenas, es de gran complejidad pues se trata nada menos que de regular las relaciones entre varios actores -propietarios, contratistas, pooles y hasta el propio Estado- que actúan dentro de un sistema productivo basado en un recurso exclusivo y finito: la tierra. Fuera del cuestionario, el ingeniero Dos Santos nos transmitía esa complejidad y para él: “la ley de arrendamientos tendría que ser un elemento más de lo debiera que ser una ley marco, una ley general agropecuaria que contemple rotaciones, que contemple leyes anticíclicas, el tema de las retenciones bien discutidas y otro montón de cosas que apunten a incentivar el desarrollo de cultivos y producciones que hoy no se hacen por falta de rentabilidad”