LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DECLARÓ INCONSTITUCIONAL LA ELECCIÓN DE CONSEJEROS

El Tribunal frenó la reforma en el Consejo de la Magistratura y se suspendieron los polémicos comicios.

Seis firmas. Petracchi, Highton, Lorenzetti, Fayt, Maqueda y Argibay firmaron la inconstitucionalidad. Zaffaroni votó en disidencia.
Seis firmas. Petracchi, Highton, Lorenzetti, Fayt, Maqueda y Argibay firmaron la inconstitucionalidad. Zaffaroni votó en disidencia.
18/6/13- La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la elección “popular” de consejeros de la Magistratura que impulsa el kirchnerismo a través de unas de las leyes de la reforma judicial incluidas en el paquete de la “Democratización de la Justicia”.
Tal como había adelantado el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, el cuerpo se abocó a tratar el fallo de la jueza María Servini de Cubría, que suspendió los comicios de consejeros, de forma «inmediata», tras la presentación de un “per saltum” que realizó el Gobierno y en pocos días llegó a una resolución.

Según confirmaron fuentes de la Corte a Clarín, el fallo fue casi unánime: la inconstitucionalidad de la elección de consejeros fue firmada por Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Carlos Fayt, Oscar Maqueda, Enrique Petrachi y Cármen Argibay; a favor de la votación se pronunció Eugenio Zaffaroni.

En su fallo de 68 páginas, el Tribunal declaró decidió «declarar la inconstitucionalidad de los artículos 2º, 4º, 18 y 30 de la ley 26.855, y del decreto 577/13», manifestó «la inaplicabilidad de las modificaciones introducidas por la ley 26.855 con relación al quórum previsto en el artículo 7º, al régimen de mayorías y a la composición de las comisiones del Consejo» y dispuso «dejar sin efecto la convocatoria a elecciones para los cargos de consejeros de la magistratura representantes de los jueces de todas las instancias».

Ayer, ante el inminente pronunciamiento del Supremo Tribunal, diferentes figuras del Gobierno cuestionaron de manera pública el fallo de Servini y presionaron a Corte para que lo revierta.

El ministro de Planificación, Julio De Vido, sostuvo que “con el tema de la reforma judicial, vemos cómo se vapulea el concepto de soberanía popular”. En tanto, Alicia Kirchner, de Desarrollo Social y cuñada presidencial, pidió “una justicia ágil y rápida, y no una justicia que solamente caliente sillones”.

Esta mañana, en medio de lo que la agencia oficial Télam definió como «horas decisivas», el senador Aníbal Fernández le marcó la cancha a los ministros de la Corte. «Honestamente ni creo que pueda seguir la línea de (el fallo de la jueza) Servini de Cubría, ni creo que pueda estar en contra del voto popular: puede haber otro matiz que uno no está viendo o avizorando, que pueda manifestarlo en su acordada», dijo en radio Rivadavia.

Ahora, el Gobierno analiza recurrir a organismos internacionales para que la Reforma Judicial K y la elección popular de consejeros de la Magistratura sea una realidad. Así lo expresó Diana Conti, la diputada ultraoficialista que oficia de vocera de la Casa Rosada en temas judiciales. “Si la Corte no da lugar genera la responsabilidad de que acudamos a los tribunales internacionales», sostuvo al canal CN23.

Desde su promulgación, hubo más de 10 fallos que declararon la inconsitucionalidad de la elección popular de consejeros de la Magistratura. En diferentes provincias y ciudades de la Argentina, tanto dirigentes políticos, como representantes de colegios de abogados y hasta particulares pidieron medidas cautelares en torno a lo que consideraron como un avance del Gobierno sobre el Poder Judicial.

En la mayoría de los casos, jueces de primera instancia le dieron la razón. El miércoles 12 de junio, la jueza con competencia electoral de Capital Federal, María Servini de Cubría, emitió un durísimo fallo que frenó los comicios en la Magistratura.

“Las normas que han sido materia de análisis resultan violatorias del principio de división de poderes por afectar tanto la independencia e imparcialidad de los miembros del Consejo de la Magistratura que fueran electos bajo su imperio, como así también el equilibrio que debe regir el funcionamiento de dicho cuerpo, lo que las transforma en normas contrarias a la forma republicana de gobiernoadoptada en el artículo 1 de la Constitución Nacional y al deber de ‘afianzar la justicia’ que nos legaron los constituyentes de 1853 en el preámbulo de la Ley Suprema”, sentenció.
Fuente y foto: clarin.com.ar

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