El problema de fondo sigue siendo el mismo

Tras la Resolución 75/2021 del 20 de mayo, que suspendió por 30 días las exportaciones de carne y la decisión previa de instaurar las Declaraciones Juradas de Operaciones de Exportación de Carne (DJEC), el gobierno nacional volvió a optar por persistir en el error.

Las exportaciones de carne vacuna ahora seguirán parcialmente cerradas. Hasta el 31 de diciembre no se podrán exportar media res, cuartos con huesos y 7 cortes, basados en la equivocada teoría de que a mayor oferta bajará el precio. Tan sólo basta ver lo que sucedió en los últimos 30 días.

El cierre de las exportaciones, además de no tener fundamentos que lo justifiquen y de tratarse de una medida inconsulta con los sectores involucrados, atenta contra el incentivo al sistema productivo, dado que se le quita al productor (principalmente a criadores y tamberos) la posibilidad de colocar la vaca de descarte (cuyo principal destino es China) y que le genera un ingreso económico importante para cerrar la ecuación económica de las actividades de cría vacuna y tambera.

En el país se consume una carne distinta a la que se destina a la exportación, representando entre el 73% y 75% de la producción nacional (unas 3.300 toneladas res con hueso en el año 2020). El resto se exporta, principalmente a China (destino que absorbe el 75% del volumen de carne argentina exportada).

No es la primera vez que un gobierno de este mismo signo político opta por regular el precio de la carne mediante el cierre de las exportaciones.

En 2006 se intentó y los efectos no fueron positivos: la existencia de hacienda cayó un 20% (12 millones de cabezas menos); se cerraron 35 frigoríficos, significando la pérdida de 10.500 empleos; el consumo de carne per cápita pasó de 62 kilos en 2006 a 55,5 kilos promedio en 2011 (-11,3%); la producción de carne cayó un 21% en 2011 respecto a 2005 (año donde se produjeron 3.300 toneladas de carne y se exportaron 771.000 toneladas, previo al cierre de exportaciones en 2006); se perdieron mercados y Argentina pasó del 3° al 14° lugar del ranking de exportadores de carne a nivel mundial, que de haberse mantenido el nivel de exportaciones a partir de 2006 (hasta 2015) al ritmo de los embarques, podrían haber ingresado al país unos US$10.000 millones adicionales.

Además, respecto a los precios en el mercado interno, el kilo de asado pasó de $7,20 en 2005 a $104,50 en 2015, lo que representa un incremento al consumidor del 1.452%. Al mismo tiempo, las exportaciones cayeron un 74%, alcanzando un mínimo de 198.000 toneladas res con hueso al terminar el 2015.

A pesar de estos catastróficos resultados, el gobierno repite el error de cerrar las exportaciones. En paralelo, anuncia un ‘Plan Ganadero’ en pos de expandir la producción, pretendiendo lograr resultados distintos a los de 2006, adoptando las mismas medidas.

Un mejor plan ganadero constaría, principalmente, de abrir las exportaciones. Si bien se aplican incentivos fiscales y financieros, enfocados, principalmente, en los productores más chicos, es evidente que esto no alcanza, ya que el 50% de los establecimientos tienen menos de 100 cabezas y representan el 7% de las existencias nacionales.

El problema de fondo no deja de ser la inflación y la consecuente pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. Hoy el consumo de carne es el 80% de lo que se consumía en 2011, mientras que si tomamos al Salario Mínimo Vital y Móvil medido en kilos de asado, pasamos de 68 kg en 2011 a 36 kg en 2021 (una caída del 53%).

Todo este contexto, acompañado por una marcada pérdida de credibilidad del gobierno que torna difícil la opción de confiar en la puesta en marcha de un “plan” que, en el corto plazo, puede desdecirse de aquello que se anunció. 

Alejandro Cieri