DIPUTADOS APROBÓ CAMBIOS EN LA MAGISTRATURA, CON ESCÁNDALO Y DENUNCIAS DE LA OPOSICIÓN
El kirchnerismo logró esta madrugada, minutos después de las 05.30, aprobar por 130 votos a favor la reforma judicial impulsada por el Ejecutivo en medio de un escándalo y denuncias de la oposición que acusó al oficialismo de estar «convalidando un fraude» por no respetarse el reglamento parlamentario a la hora de la votación.
Tras la aprobación de la norma en general, el oficialismo intentó imponer una votación de todos los artículos en una sola votación, como si fuera un solo artículo, lo que desató una fuerte reacción de la oposición. Finalmente, se inició la votación artículo por artículo y otra vez se desató el escándalo al llegar al artículo 2 (que amplía de 13 a 19 la cantidad de miembros), porque el tablero oficial registró que sólo hubo 128 votos, uno menos de lo necesario. Luego dos diputados (Alicia Comelli y Juan Carlos Forconi) aclararon que el tablero no había registrado sus votos. El oficialismo intentó tomar como válidos esos votos, lo que rechazó la oposición. También ofreció volver a votar dicho artículo, pero la oposición también se negó y se retiró del recinto. Así, quedaron los 130 diputados que dieron la aprobación de cada uno de los artículos y 9 opositores que votaron en contra.
La norma ahora pasó al Senado para tratar los cambios. Y Diputados continúa ahora con el tratamiento de ley que crea las Cámaras de Casación Civil y Comercial.
En tanto, decenas de personas se mantuvieron en vigilia y siguieron la sesión en pantallas instaladas frente a la sede del Congreso.
De su lado, el gremio de los empleados judiciales decretó un paro de 72 horas, también en rechazo al paquete de leyes de reforma de la justicia.
La organización estadounidense Human Rights Watch (HRW) llamó el miércoles al Congreso a rechazar la reforma al sostener que «le brindaría al oficialismo una mayoría automática en el Consejo de la Magistratura, lo que compromete seriamente la independencia judicial».
«El proyecto de reforma judicial destruye el estado de derecho. Es inconstitucional someter a los jueces a la elección popular. Alguien tiene que tomar la decisión de parar este atropello», sostuvo al exponer en el pleno Oscar Aguad, diputado del opositor radicalismo, la segunda fuerza legislativa.
En cambio, la titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la diputada oficialista Diana Conti, aseguró que el voto popular le dará al Consejo de la Magistratura «una legitimidad popular para la toma de sus decisiones más importantes, como formar las ternas, suspender o enjuiciar» a los magistrados.
En tanto, el Senado, donde el oficialismo cuenta con la mayoría, votará en mayo cuatro leyes del paquete de la reforma: la que regula el ingreso a la carrera judicial, la que establece la publicidad de las resoluciones de la Corte Suprema y la que obliga a publicar las declaraciones patrimoniales de los funcionarios judiciales, además de la modificada ley del Consejo de la Magistratura, que vuelve de diputados.
La reforma del Consejo de la Magistratura eleva de 13 a 19 el número de miembros, 12 de los cuales serán elegidos por el voto popular (tres jueces, tres abogados y seis académicos). Esta norma volverá al Senado, que le había dado media sanción, debido a que la Cámara de Diputados le introdujo cambios, entre ellos que la Corte Suprema seguirá manejando los fondos del Poder Judicial, y no el Consejo como se planteaba en el proyecto original.
En el inicio, los oficialistas Diana Conti y Carlos Moreno defendieron el proyecto. «Se nos hace aparecer como violadores seriales. No hay elección de jueces y esta ley no termina ningún mandato», dijo Moreno. Conti se refirió a la denuncia de Elisa Carrió sobre un supuesto pacto de Ricardo Lorenzetti y Cristina: «La Corte prestigiosa para muchos hasta ayer pasó a ser pactista, espuria y repugnante».
Diputados de la oposición expresaron fuertes cuestionamientos. «El Gobierno ha buscado justificar lo injustificable, el proyecto es inconstitucional a todas luces», expresó el radical Mario Negri. «Buscan un pacto de impunidad para el robo de los dineros públicos. Lo que acá está en disputa es la suma del poder público y el manejo discrecional de los tres poderes de la República», enfatizó Pino Solanas. «Con esta sanción vamos a tener un Poder Judicial dependiente del Ejecutivo por los próximos dos años», auguró el peronista disidente Gustavo Ferrari. También recibieron críticas los dos proyectos que quedaban para la mañana. «Con las cámaras de Casación y las cautelares están dilatando justicia para los jubilados que van a cobrar muertos», planteó Claudio Lozano, del FAP.
El largo tratamiento arrancó ayer al mediodía, otra vez con posiciones antagónicas entre oficialistas y opositores, chicanas y cruces: el inicial entre Conti y Carrió, con exabrupto de la kirchnerista incluido y repetidas interrupciones a los gritos durante los discursos más enérgicos. «(Agustín) Rossi dijo que le teníamos miedo al pueblo, pero no lo vi en la calle el jueves. Ustedes al pueblo que no le tienen miedo es al que viene con choripanes, dávidas, ómnibus», lanzó el radical Oscar Aguad, y le respondió la kirchnerista Stella Maris Córdoba: «Prefiero comerme un choripán con los compañeros antes que sacarme una foto con (el general Luciano Benjamín) Menéndez».
Fuente: clarin.com.ar
