DETUVIERON A TRES PRODUCTORES RURALES POR FUMIGAR CON AGROQUÍMICOS EN ZONAS PROHIBIDAS DE PERGAMINO
Se trata del propietario de un campo en el pueblo de Juan A. de la Peña, un ingeniero agrónomo y un operario. El juez federal Carlos Villafuerte Ruzo ordenó las detenciones tras las denuncias de vecinos.
Fuentes judiciales confirmaron a Infobae que la detención se dio tras la denuncia de vecinos, que comprobaron cómo en este campo se pulverizaba en zonas de exclusión consideradas en la normativa comunal. La policía bonaerense, por orden del magistrado detuvo entonces al dueño del establecimiento rural, ubicado en la localidad de Juan A. de la Peña, en Pergamino, un ingeniero agrónomo y el operario del “mosquito” que se usa para aplicar los agroquímicos.
Aunque hay secreto de sumario, este medio pudo confirmar que los implicados serán indagados el jueves por el juez Villafuerte Ruzo y el fiscal federal Matías Di Lello.
Este hecho se integra a la causa en la que el magistrado investiga la contaminación en tres barrios de Pergamino (Villa Alicia, Luar Kayard y La Guarida), denunciados por Sabrina Ortiz, quien sufre daño genético -igual que su esposo y sus hijos- por haber estado expuesta a las fumigaciones en un campo ubicado frente a su casa.
Para esas zonas Villafuerte Ruzo dispuso recientemente una restricción para fumigar a 1.065 metros del ejido urbano. Si bien Juan A. de la Peña no entró en ese fallo, sí lo comprende la normativa municipal, sancionada en diciembre de 2014.
En la normativa se indica que la “zona de exclusión” es donde no se autoriza ningún tipo de pulverización y está formada por los primeros 100 metros desde el límite de la zona urbana, y a continuación sigue la “zona de amortiguamiento” con un ancho de 500 metros. Es decir, que la suma de ambas zonas hacen un total de 600 metros desde el límite de la zona urbana. Y es lo que los tres apresados este miércoles no respetaron.
La causa por el mal uso de agroquímicos que lleva Villafuerte Ruzo está más que activa. A fines de octubre, el juez procesó a los empresarios agropecuarios Fernando E. Cortese, Mario R. Roces y Víctor H. Tiribo por el delito de contaminación del ambiente de un modo peligroso para la salud, mediante la utilización de residuos calificados peligrosos en forma continuada al menos desde 2011 en adelante.
De ser hallados culpables, los productores rurales podrían recibir una pena de entre tres y 10 años de prisión por envenenar, adulterar o contaminar “de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”, según dicta el Código Penal. Además, el magistrado decretó un embargo de $ 3.000.000 para cada uno de ellos. A diferencia de los tres hombres detenidos ahora, ellos están en libertad.
En el fallo donde dictó el procesamiento, Villafuerte Ruzo hizo foco en la cuestión humana, en una zona donde abundan los casos de cáncer, tiroides, asma y enfermedades de la piel. “Los elementos utilizados por los imputados, además de estar contenidos en la legislación que establece el régimen para los desechos peligrosos, poseen entidad suficiente para provocar un daño a la salud de las personas”, remarcó.
El magistrado destacó que, lejos de no saber lo que hacían, los imputados conocían “las acciones desplegadas, con total y absoluto dominio de los hechos, así como también la voluntad de sostener cada uno de estos elementos en la continuidad de las acciones delictuales”. Es decir que, para el juez, los productores sabían que podían afectar a los vecinos de los barrios linderos y no les importó.
Sabrina Ortiz estaba embarazada y todavía habitaba, allá por 2011, su casa familiar en el barrio Villa Alicia, en la periferia de Pergamino. La vivienda estaba separada del campo de Mario Roces por apenas una calle y todos allí se habían acostumbrado al malestar posterior a las fumigaciones que realizaban los aviones (literalmente) por el techo de sus casas: vómitos, diarrea o irritaciones en la piel. Una tarde de aquel año, tras una fumigación, sufrió un aborto espontáneo y activó la lucha contra la impunidad de sus vecinos poderosos.
Siete años después, cuando terminó la carrera de Derecho, Sabrina denunció a cuatro productores que rodeaban los barrios de Villa Alicia, Luar Kayard y La Guarida. La causa avanzó y en el camino de la búsqueda de Justicia ella supo que por su organismo, el de su esposo y los de sus dos hijos corrían agroquímicos tóxicos como el glifosato, a niveles 100 veces superiores que los de personas no expuestas. Además, se detectaron en sangre los herbicidas y plaguicidas atrazina (prohibido en Europa), metolaclor, acetoclor (prohibido en Europa), 2,4D, tebuconazole y clorpirifos.
La doctora en Ciencias Biológicas Delia Aiassa, confirmó que tanto Ortiz como su esposo Sergio Barbieri y sus hijos Ciro y Fiamma padecen un “daño genético” en sus células producto del contacto permanente con estos productos.
El juez tomó diversas medidas en el último año. En abril pasado, un mes después de que el presidente Mauricio Macri considerara públicamente como “irresponsable” un fallo en Entre Ríos que limitó las fumigaciones a más de 100 metros de las escuelas, ordenó la suspensión urgente de las fumigaciones en esos barrios y puso como distancia de las zonas urbanas los 600 metros. Además, exhortó al municipio a dejar de autorizar nuevas aplicaciones.
En septiembre, sin embargo, Villafuerte Ruzo definió una nueva y más poderosa restricción para la utilización de estos productos: prohibió pulverizar a menos de 1.095 metros de cualquier zona urbana de esta ciudad bonaerense ni a menos de 3.000 metros si la práctica es aérea. Fue luego de que Ortiz presentara los estudios que muestran el daño genético en su familia, en donde Aiassa sugiere una distancia superior a los 1.000 metros para fumigar y no afectar a la salud.
