BOLETO ESTUDIANTIL, CONDICIÓN DE LA PRODUNDIZACIÓN DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN
El boleto estudiantil profundiza la concreción del derecho a la educación, y en tal sentido la Cámara de Diputados bonaerense aprobó el proyecto de ley impulsado desde el Bloque Frente para la Victoria – PJ, que crea un régimen gratuito para los usuarios del sistema de transporte provincial de colectivo, ferroviario o fluvial de pasajeros en los servicios urbanos, suburbanos e interurbanos, destinado a alumnos de todos los niveles pertenecientes a instituciones educativas públicas de gestión estatal y de gestión privada, y que tengan asiento en la provincia de Buenos Aires. Otorgar derechos implica no sólo enunciarlos desde el plexo normativo, sino también promover su acceso a la ciudadanía, puesto que de lo contrario constituye un mero acto de liberalismo. En tal sentido, es necesario garantizar que el alumno pueda ir a la escuela para profundizar el acceso a la educación, y el servicio de transporte constituye parte de las condiciones contribuyen a posibilitarla. El Estado asume entonces la responsabilidad de generar los medios que posibiliten dar cumplimiento a la Ley N° 13.688 que en el 2007 plantea la educación como una “prioridad provincial” y “una política de Estado para construir una sociedad justa”. Esta mirada toma distancia de las decisiones del ex Ministro de Economía, Ricardo Lópéz Murphy, que en el 2001 proponía recortar el presupuesto educativo a días de que el gobierno hubiera firmado un acta de compromiso con los gremios docentes que permitió levantar la Carpa Blanca plantada frente al Congreso nacional. En los últimos años la Provincia ha multiplicado el presupuesto educativo en concordancia con la política nacional, acompañando las transformaciones desde esta área. Actualmente, el 35 por ciento de la matrícula bonaerense recurre al transporte público (1.382.885 alumnos), de acuerdo a la estadística de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires y de la Agencia Provincial de Transporte y, considerando que esta política pública contempla hasta 50 viajes mensuales para los alumnos de los niveles primario y secundario, y 45 para aquellos estudiantes de instituciones de formación terciaria y universitaria, la inversión anual del Estado representará aproximadamente 136 millones de pesos. Subsidiar el boleto estudiantil significa que el Estado realice transferencias de modo indirecto a los salarios de los trabajadores, en este caso dirigidas específicamente a la educación de los sectores más desfavorecidos que son los que deben apelar al transporte público de modo obligatorio. Por lo tanto no son gastos que el Estado debería ahorrar para no generar desequilibrios fiscales, sino que son una herramienta de gestión que democratiza el derecho a la educación, pero que también incentiva el consumo y como consecuencia la producción, expandiendo así los recursos que el Estado pueda disponer a futuro. De modo que muchas de las interpretaciones peyorativas que contienen los subsidios, como “políticas populistas”, están asociadas en realidad a intereses contrapuestos a la distribución del ingreso en pos del bienestar general. “Políticas populistas”, en este caso, como medidas que están pensadas para el desarrollo del pueblo. El boleto estudiantil constituye una conquista sobre un reclamo histórico en nuestro país. “La noche de los lápices” representa el secuestro, la tortura y los asesinatos cometidos durante la última dictadura cívico-militar el 16 de septiembre de 1976 como respuesta represiva al reclamo llevado a cabo por alumnos secundarios –muchos de ellos pertenecientes a la Unión de Estudiantes Secundarios-. Como en aquellos años, el boleto estudiantil significa un modelo de Estado que hemos ido construyendo a partir de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner y por el que es necesario seguir dando trabajando.
