ACLARACIÓN DE JULIÁN DOMÍNGUEZ SOBRE DENUNCIA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE CLARÍN
Se adjunta lo publicado por Clarín: «Detectan licitaciones irregulares por $1.500 millones en la gestión K de Agricultura».
Quedo a disposición de cualquier requerimiento que sea necesario para la aclaración del tema en cuestión.
Agrego los siguientes comentarios y agradezco su difusión:
1. Mi gestión al frente del Ministerio de Agricultura de la Nación fue en el período octubre del 2009 hasta el 8 de diciembre del 2011.
2. El funcionario responsable del PROSAP, Licenciado Jorge Neme fue designado en el año 2002 y se desempeño hasta el año 2015. Su gestión fue altamente reconocida y evaluada por los organismos internaciones, tales como el BID y la FAO de quienes era el responsable del gerenciamiento y administración de los fondos internacionales para infraestructura y desarrollo rural. Evaluación que al fin de la nota adjunto (ver punto 5).
3. La aprobación de los proyectos, adjudicación de licitaciones y auditoria de los mismos, siempre está sometida al control y a la no objeción de los organismos internacionales, dicho de manera simple, ES EL QUE APRUEBA O DESAPRUEBA LA GESTIÓN DE ESTA UNIDAD.
4. Sobre la administración de la Ley Nro. 25.465 del Fondo del Tabaco, el art. 29 y 31 de la mencionada ley, aclara que la administración y ejecución de los proyectos y los fondos de esta, la ejecutan las provincias junto con los productores. El organismo nacional de aplicación solamente hace la auditoria de la gestión de la rendición de cuentas que hacen las mismas provincias. El funcionario que estuvo al frente de esta auditoría en el Ministerio de Agricultura, fue un profesional de carrera de larga trayectoria y prestigio dentro de esa institución, Ingeniero Eugenio Corradini.
5. El siguiente texto son extractos de documentos oficiales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID):
“…También en 2009 se creó la Unidad para el Cambio Rural (UCAR), dependiente del MAGyP, con la misión de coordinar y gestionar todos los programas y proyectos cofinanciados con recursos externos ejecutados en la jurisdicción del MAGyP. Los objetivos de estos programas y proyectos de inversión pública son de varios tipos: infraestructura, servicios agropecuarios, fortalecimiento de las instituciones rurales e incremento de la competitividad sectorial agropecuaria. Con la UCAR se centralizaron todas las funciones relacionadas con el conjunto de los programas y proyectos del MAGyP con financiamiento internacional, como planeamiento, negociación, formulación, administración, finanzas, control de gestión, monitoreo y evaluación. (…) La estructura y el personal experimentado han permitido que la UCAR pueda cumplir con las normas de las instituciones internacionales que participan en los proyectos, como el BID. Esta capacidad conlleva ventajas de eficiencia en comparación con otras unidades ejecutoras de proyectos BID, la mayoría de las cuales son creadas para las operaciones y necesitan tiempo para aprender cómo trabajar bajo las normas del BID…”
Informe de Terminación del Proyecto – BID – 2015
“ …(UEC) del PROSAP, se transformó en Unidad para el Cambio Rural (UCAR), la cual absorbió además la conducción de todos los programas del MAGyP que cuentan con recursos de financiamiento externo, dando mayor coherencia estratégica y coordinación operativa de los proyectos de inversión del MAGyP. En este sentido, el PROSAP pasó a formar parte de la UCAR, debiendo resaltarse que la gerencia del PROSAP, iniciada en 2002, se mantuvo estable durante la etapa de diseño y posterior ejecución del PROSAP II, lo cual facilitó la consolidación de métodos, procedimientos y buenas prácticas en todas las instancias administrativas y técnicas del Programa”
“…PROSAP II ha alcanzado los propósitos y objetivos previstos. Los proyectos ejecutados han generado numerosos productos y contribuido al logro de efectos directos en las áreas de administración de recursos hídricos (riego), infraestructura rural (caminos y electrificación rural), desarrollo comercial y fortalecimiento institucional, incluyendo el financiamiento de proyectos privados en el marco del Programa de Apoyo a la Competitividad… El PROSAP II, a través de las reformas realizadas, ha contribuido a consolidar a la actual UCAR como un modelo exitoso de relaciones y acciones para el desarrollo agropecuario entre el Gobierno Nacional y los gobiernos provinciales, y se convirtió en uno de los principales mecanismos de articulación de inversiones públicas dirigidas al sector agropecuario argentino”
PUBLICACIÓN DEL DIARIO CLARÍN
Detectan licitaciones irregulares por $1.500 millones en la gestión K de Agricultura
Son obras que fueron adjudicadas a empresas que estaban vinculadas a funcionarios que trabajaban en el área. La Oficina Anticorrupción presentó una denuncia penal.
La Oficina Anticorrupción denunció irregularidades en licitaciones por más de $1.500 millones del Ministerio de Agroindustria, realizadas bajo la gestión kirchnerista, algunas de las cuales tuvieron actualizaciones millonarias durante el gobierno actual. El organismo que dirige Laura Alonso puso el foco en el Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP), que adjudicó numerosas obras de riego a las empresas CEOSA e Hydrotec, ligadas con funcionarios que trabajaban en ese Programa y que, ante el cambio de gestión, se reubicaron como funcionarios en los gobiernos provinciales de Tucumán y Mendoza.
Una de ellas, Construcciones Electromecánicas del Oeste (CEOSA), por ejemplo, fue «la que más licitaciones ganó», por más de $1.500 millones, entre 2010 y 2015, «a pesar de haber incumplido plazos de ejecución que nunca fueron sancionados», planteó la denuncia judicial de la Oficina Anticorrupción (OA).
En esos años hubo tres ministros de Agricultura K: Julián Domínguez, Norberto Yahuar y Carlos Casamiquela. Según las fechas de la denuncia las maniobras habrían arrancado en la gestión de de Domínguez.
Además, la OA denunció gastos irregulares en el Fondo Especial del Tabaco, que entregó 132 freezers a productores tabacaleros del Chaco, la mayoría de los cuales no los podían usar porque no tenían electricidad. Y que una ONG chaqueña administraba el dinero del Fondo del Tabaco en esa provincia y «le descontaba el 4% de los fondos a los productores con el argumento de ‘agilizar’ los trámites».
El organismo que dirige Laura Alonso destacó la colaboración del Ministerio de Agroindustria con el Fondo del Tabaco, ya que la información surgió de una auditoría interna realizada por el propio ministerio; mientras que en el caso del PROSAP, la Oficina Anticorrupción decidió «cerrar la investigación», ante la fuga de información por parte de empleados y/o funcionarios de la actual gestión.
La OA pidió que en ambos casos haya una investigación judicial, ya que se habrían cometido delitos de «negociación incompatible con la función pública», «administración infiel agravada por haber sido cometida contra la administración pública nacional» y «no habría que descartar la existencia de sobreprecios y sobornos».
En el Ministerio de Agroindustria intentaron deslindar responsabilidades y sostuvieron que esos hechos ocurrieron durante la gestión del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando había otros funcionarios en el PROSAP y en la Coordinación de Tabaco de ese ministerio.
En el caso de CEOSA, por ejemplo, una licitación se adjudicó en 2012, para una obra en Catamarca, por $26 millones. Sin embargo, otra de las maniobras fue en agosto de 2016, cuando «se actualizó» en $82 millones el monto a pagarle a la principal empresa denunciada, CEOSA, «sin que hasta el momento se haya tenido conocimiento del inicio de las obras», sostuvo la Oficina Anticorrupción.
Es que si bien la denuncia sobre el PROSAP centra su atención en el período 2010-2015, la OA aseguró en su denuncia que «algunas de las personas que son mencionadas como posibles involucrados en la maniobra, a la fecha prestan servicios en el organismo». Y agregó que, por esa razón, le pidió a la Justicia que cualquier novedad sobre este caso sea informado directamente al ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, salteándose a las autoridades del PROSAP.
De hecho, la OA mencionó que «sugestivamente, después de que la Oficina Anticorrupción enviara una nota al PROSAP solicitando información, la página web de Hydrotec fue modificada, eliminándose los datos que la vinculaban al organismo. Es el caso de Fernando Gomensoro y Diego Fabián, socios de Hydrotec e integrantes del PROSAP. A su vez, Fabián sería miembro de CEOSA. De esta forma, la empresa por medio de sus contactos podría haber tenido acceso a información privilegiada y así ofertar el precio más bajo».
Una alta fuente del Gobierno le aseguró a Clarín que Jefatura de Gabinete está al tanto de las irregularidades en el PROSAP. Por eso, planean realizar «algún tipo de acción», a partir de la denuncia que presentó la Oficina Anticorrupción.
