STORNELLI DEJARA DE SER EL MINISTRO DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA
EL GOBERNADOR UNIFICO ESA CARTERA CON LA DE JUSTICIA Y ESTARAN A CARGO DE RICARDO CASAL. STORNELLI VUELVE A LA FISCALIA FEDERAL 4.
Desde el jueves, la cartera unificada quedará a cargo del actual ministro de Justicia, Ricardo Casal.
Scioli agradeció al saliente titular de Seguridad, Carlos Stornelli, «por la dedicación puesta al servicio de la provincia», en el marco de una reunión mantenida en las primeras horas de la tarde en la Casa de Gobierno.
Además, remarcó que se inicia una etapa «que tiene por objetivo articular el accionar de la gestión de seguridad ciudadana».
En declaraciones a la prensa, el jefe de Gabinete de ministros bonaerense, Alberto Pérez, dijo que la desición responde a la iniciativa de «articular el trabajo prevención policial, de la intervención judicial, del alojamiento penitenciario» para encontrar «soluciones integradas y efectivas».
«Sobre los logros obtenidos queremos redoblar el trabajo y respecto de lo que no se ha conseguido en este tiempo, queremos seguir esforzándonos para lograrlo», agregó el funcionario.
Reacciones en la oposición. Tras la noticia, la oposición rápidamente interpretó la decisión de la administración de Scioli. El diputado provincial del Pro, Jorge Macri, vicepresidente primero de la Cámara Baja bonaerense, advirtió hoy que la unificación de los ministerios de Justicia y Seguridad es «un golpe de efecto, un maquillaje, un cambio cosmético para ocultar el fracaso de la política» de la administración de Daniel Scioli en la lucha contra el delito.
«Para mí Stornelli estaba ´ido´, y en lugar de asumir el despedirlo y reconocer el fracaso de su política de seguridad, Scioli lo maquilla como la unificación de ministerios, además de que significa una victoria de Casal sobre Stornelli», dijo Macri a la agencia DyN.
Macri consideró: «En definitiva, no me parece que un gobierno que no tuvo plan en ningún área tenga ahora un plan. Me parece que esto es un golpe de efecto para tratar de demostrar algo que no tienen».
Por su parte, el diputado de la Coalición Cívica, Sebastián Cinquerrui indicó que «el desplazamiento de Stornelli pone de manifiesto el fracaso de la política de seguridad de Scioli» y evaluó que se le dieron demasiadas conseciones a la Policía Bonaerense durante esta gestión de gobierno en la provincia.
Una serie de polémicas. Una de las más recientes polémicas que involucró al Ministerio de Seguridad fue la investigación del caso de la familia Pomar, hallada muerta el 8 de diciembre pasado tras haber estado desaparecidos durante 24 días.
Por este hecho, fueron echados tres jefes policiales ; los titulares de la Jefatura Departamental de Pergamino, de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Pergamino y del Destacamento Vial San Andrés de Giles, comisario mayor Roberto Gabín, Julio Argentino Golpe y comisario Carlos Marano, respectivamente.
Esto desató una ola de rumores sobre el desplazamiento del ex Subsecretario de Investigaciones e Inteligencia Criminal, Paul Starc, que no se concretaron de inmediato. Sin embargo, Starc renunció el 8 de febrero de este año.
Stornelli también quedó en medio del fuego de los trascendidos en ese sentido cuando, luego de una serie de violentos asaltos ocurridos en la provincia, explotó el reclamo vecinal con Wilde como cabeza donde miles de vecinos protestaron durante cuatro días por más seguridad.
El reclamo se desató luego del crimen de la mestra de catequesis Renata Toscano, ocurrido durante un asalto para robarle el auto. El hecho fue precedido por dos episodios donde las víctimas, Sandra Almirón y Ana María Castro, fueron asesinadas en contextos similares.
En esa oportunidad, el mismo Stornelli presentó una denuncia judicial ante el fiscal platense Marcelo Romero, en la que pidió que se investigara un presunto complot para desestabilizar al gobierno de Daniel Scioli. En su presentación, el ministro había sugerido que la serie de homicidios, podrían responder a un plan pergeñado para atacar a mujeres «con múltiples contactos sociales» cuyas muertes violentas generarían «multitudinarias marchas con claras infiltraciones de miembros de políticas opositoras».
Sin embargo, días después el ahora ex ministro relativizó sus acusaciones, al decir que esperaba que se haya tratado de «una seguidilla más bien casual».
Además, en noviembre de 2009, Stornelli se vio envuelto en un duro cruce que tuvo como contrafigura a su antecesor León Arslanian. En esa oportunidad, ambos cuestionaron la gestión del otro y la manera de encarar la cartera de seguridad provincial.
El saliente ministro manifestó por ese entonces que recibió una «policía denostada, humillada y prácticamente desmantelada». Esa frase se convirtió en la primera crítica que disparó contra el funcionario del área durante la gobernación de Felipe Solá, sin nombrarlo explícitamente.
«Hace muchos años desembarcó una generación de pensadores abolicionistas que cree que se puede tener seguridad sin policías, sin cárceles y sin jueces», afirmó.
Consultado por LA NACION, Arslanian respondió tajante los planteos del hasta ayer ministro de Seguridad bonarense. «Los dichos de este hombre [por Stornelli] son tan desdichados como su gestión. Yo me mantuve en silencio todo este tiempo, pero no puedo dejar pasar semejante agresión injustificada, que creo que responde a que a esta gente la cosa se le fue de las manos y tiene el agua al cuello, están desesperados y, lejos de hacerse cargo, salen a buscar culpables», opinó.
En noviembre de 2007, el entonces futuro ministro señaló que «hubo desaciertos en materia de seguridad», en el marco de una reunión celebrada con más de 60 intendentes provinciales que perseguía, entre otras cosas, la presentación de su plan al frente de esa cartera.
Stornelli opinó en dicho encuentro que en la gestión anterior existió un «parate» en la pelea contra el flagelo de la inseguridad. «Hay que revertir un montón de cuestiones. Las principales son que la gente vuelva a confiar en la policía y que la policía vuelva a confiar en el Estado», remarcó, al tiempo que pidió «un esfuerzo conjunto» de todos los sectores».
Otra polémica tuvo como eje la propuesta de devolver autoridad y presencia en la calle a la policía bonaerense con la reinstalación de las contravenciones, de modo de poder arrestar a personas que deambularan con rostro tapado o en patotas. La iniciativa también alcanzaba a quienes se vieran sospechados de merodeo, vagancia y ebriedad. El proyecto fue ampliamente criticado desde distintos sectores y, finalmente, no encontró el respaldo necesario en la Legislatura provincial.
Fuente: lanacion.co.ar