EL KIRCHNERISMO SANCIONÓ LA REFORMA DEL CONCEJO DE LA MAGISTRATURA
Con los votos justos y pese al rechazo opositor y de entidades judiciales, es ley el proyecto más controvertido; designan conjueces vinculados con Lázaro Báez.
También sancionó otros dos proyectos: el que habilita el acceso por Internet a las declaraciones juradas de los tres poderes del Estado y a las sentencias de los juzgados nacionales, y el régimen de ingreso al Poder Judicial, el cual volverá en revisión a Diputados.
En su ofensiva sobre la Justicia, el oficialismo sumó la aprobación de una lista de conjueces para la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia.
El senador Mario Cimadevilla (UCR-Chubut) denunció que uno de ellos es abogado de Lázaro Báez. Además, hay otros dos vinculados con el empresario kirchnerista (de lo que se informa por separado).
La promulgación de la ley del Consejo será la señal de partida para lo que se anticipa como una dura batalla legal en los tribunales, que tendrá como eje la modificación del Consejo y la limitación a la posibilidad de plantear medidas cautelares contra el Estado.
El eje del debate sobre la reforma del Consejo de la Magistratura repitió los argumentos que se escucharon desde el mismo momento en que Cristina Kirchner anunció, con un acto en la Casa Rosada, el envío al Congreso de los seis proyectos que conforman la reforma judicial.
Para la oposición se trata de un avance del kirchnerismo por colonizar y controlar el Poder Judicial para garantizarse impunidad ante eventuales denuncias por corrupción y eliminar los obstáculos que el Ejecutivo ha encontrado en los tribunales, en particular la puja por la constitucionalidad de la ley de medios.
El oficialismo rechazó todas estas imputaciones. «Me sorprende escuchar que la Justicia va a quedar cautiva, que los jueces van a tener miedo», aseguró Miguel Pichetto (Río Negro). «No estamos violentado ninguna norma constitucional», agregó el jefe del bloque de los senadores oficialistas.
Las explicaciones del kirchnerismo no conformaron a la oposición. Así, la peronista disidente Sonia Escudero (Salta) denunció que la modificación del Consejo de la Magistratura «pulveriza la división de poderes y afecta la garantía constitucional de un nuez imparcial, consagrado como un derecho humano fundamental por nuestra Constitución Nacional». El radical Ernesto Sanz (Mendoza) también fue lapidario. «La verdadera intención, por más que la quieran ocultar con ropaje ideológico y de modernización, es ir por el Consejo para elegir los jueces que se les antoje y para destituir los que no les gusten», sentenció.
El senador mendocino respondió así al miembro informante del oficialismo y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Marcelo Fuentes (Neuquén), quien había dicho que la reforma judicial respondía a la necesidad de «subsanar el déficit de origen democrático de un poder al cual nuestro régimen constitucional no permite que sus representantes surjan del consenso y compulsa de la totalidad de los ciudadanos». Por su parte, el socialista Rubén Giustiniani alertó que con la elección de consejeros en octubre próximo, «el oficialismo tendría 16 miembros». «Es decir que hasta 2015 va a tener los dos tercios, sólo con ser primera minoría en las elecciones de este año, ni siquiera va a necesitar superar el 50% de los votos», destacó.
En el debate también se escucharon críticas a Ricardo Lorenzetti. «Lo único que le interesó al presidente de la Corte es la caja», se quejó el cordobés Luis Juez (FAP).
Otra de las modificaciones introducidas en la Cámara baja que mereció duras críticas de la oposición fue el requisito de tener que conformar la misma alianza en 18 distritos para poder participar de la elección por voto popular de los consejeros de los estamentos de los abogados, jueces y académicos. «Es una falacia que esta ley sea para ampliar la base de participación o para una mayor democratización, esta cláusula es proscriptiva», se quejó Liliana Negre de Alonso (PJ-San Luis), quien también señaló que la elección de consejeros estaría violando el cupo femenino y que viola el artículo 33 de la ley de partidos políticos, que prohíbe a los jueces participar en comicios para cargos electivos.
Tras la reforma del Consejo, fue sancionada la ley de acceso a la declaraciones juradas (43 votos a favor y 22 en contra), y a sentencias y expedientes de juzgados nacionales (44 a 21). También se aprobó con cambios (42 votos a 23) y volvió a Diputados el Régimen de acceso el Poder Judicial.
Fuente: lanacion.com.ar
